Este centro de titularidad pública, cuya gestión se ha encomendado a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), tiene como finalidad la investigación, el fomento y la difusión de la lengua de signos española para su "normalización a nivel estatal", así como asesorar a las administraciones públicas y otros agentes en la materia.
Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el centro cuenta con profesionales expertos en lengua de signos española y en sociolingüística y desarrollará sus acciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las Universidades y entidades representativas de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias.
El Centro está regido por un Consejo Rector que preside el director del Real Patronato sobre Discapacidad y que está integrado por representantes de la Administración del Estado y representantes del movimiento asociativo (CNSE, FIAPAS -Confederación de Familias de Personas Sordas- y FOAPS -Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera-).
El Centro será el encargado de llevar a cabo los mandatos de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. El Gobierno aprobó la regulación de este Centro con el Real Decreto 921/2010, de 16 de julio.
En España viven algo más de 900.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva.
Ley 27/2007, de Lengua de Signos
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