El Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF han firmado hoy el acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que contempla una subida de sueldos del 0,3% en el primer año e incluye una cláusula de revisión salarial. El pacto afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones y tendrá un coste de 50 millones de euros, según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Tras la firma, De la Vega y los secretarios generales de UGT, Julio Lacuerda, de CCOO, Enrique Fossul, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, mostraron su satisfacción tras la firma porque el acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos (funcionarios y personal laboral).
De la Vega valoró que este acuerdo se produzca en el marco del diálogo social "más necesario que nunca" ante las dificultades económicas, por lo que dijo que supone una "importante contribución al nuevo modelo económico" y añadió que debería ser "ejemplo y acicate" para el diálogo social en el ámbito privado.
"Cuando hay espíritu constructivo, voluntad, generosidad, siempre se puede llegar al consenso", apostilló, tras señalar que en tiempos de crisis "el acuerdo es necesario y de justicia y es lo que exigen los ciudadanos a empresarios, sindicatos, partidos políticos y poderes públicos".
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, que dijo que "debería servir de referente para el resto de sectores del país" y añadió que "si existe voluntad es posible el diálogo", siempre que se "impregne de conceptos como el de solidaridad y compromiso".
Desde el sindicato CCOO, el dirigente de la Federación para la Ciudadanía, Enrique Fossoul, estimó que "es el mejor acuerdo en el peor momento" y criticó que la patronal y la derecha hayan querido "sacar ventajas de la crisis para profundizar en las privatizaciones".
Asimismo, el dirigente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, dijo que los sindicato han aceptado una contención salarial porque están "convencidos" de que una pérdida de poder adquisitivo "sí se recuperará en dos años".
De la Vega explicó que se trata de un acuerdo "marco, de legislatura" que incorpora 50 medidas para la mejora y modernización de los servicios públicos, además de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público.
Asimismo, contempla en materia retributiva el compromiso de subir el sueldo de los empleados públicos el 0,3% de la masa salarial en 2010 y una compensación, fijada mediante una cláusula de revisión, que se haría efectiva el 1 de enero de 2012.
También incluye una tasa de reposición de la Oferta de Empleo Público no superior al 15% y concentrada en las plazas de sectores estratégicos y prioritarios, así como el compromiso de reducir la tasa de temporalidad hasta un máximo del 8%.
El acuerdo también incluye la creación de un Observatorio del Empleo Público encargado de realizar un diagnóstico que permita redimensionar las plantillas y estudiar las necesidades de incorporación de nuevas categorías profesionales así como la elaboración de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos para mejorar la utilización y eficiencia de recursos, tanto materiales como personales.
Otra de las novedades es el impulso a la implantación del teletrabajo en las administraciones que sea oportuna, así como la simplificación de las plazas y los procedimientos.
El acuerdo también contempla el compromiso de impulsar la participación del personal laboral fijo en los procesos de promoción interna que se convoquen por el sistema de concurso-oposición y en el marco de la negociación colectiva se abordará la reforma del sistema retribuciones complementarias y el estudio de la progresiva implantación de nuevas cualificaciones profesionales. Asimismo, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público se tramitarán en el plazo de doce meses el acceso a la jubilación parcial.
Tras la firma, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, ha convocado a la Mesa técnica de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y a la Mesa General de la Negociación de las Administraciones Públicas para trasladarles el acuerdo.
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